El gobierno de Abelardo De La Espriella prepara un nuevo capítulo en la política de tierras. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció una revisión de fondo a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y a la Unidad de Restitución de Tierras, entidades sobre las que recaen cuestionamientos relacionados con algunos procesos de adquisición, entrega y titulación de predios.
De acuerdo con lo señalado por el ministro, la nueva administración ordenó suspender durante 90 días los procesos de compra, entrega y titulación de predios, mientras se adelanta la revisión correspondiente.Dangond advirtió que entre los casos que serán examinados estarían operaciones en las que algunos predios no habrían sido pagados completamente y, pese a ello, habrían terminado siendo entregados a pequeños productores y comunidades indígenas sin que estuviera plenamente consolidada su situación jurídica.
El ministro anunció además una “auditoría forense” sobre los contratos y actuaciones de ambas entidades. La revisión, según explicó, busca determinar si existieron irregularidades y establecer eventuales responsabilidades. En caso de encontrarse conductas que puedan tener consecuencias administrativas, fiscales o penales, los expedientes serían puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
La decisión vuelve a poner bajo la lupa la gestión de Juan Felipe Harman Ortiz, quien dirigió la ANT desde febrero de 2024 y estuvo al frente de la entidad durante buena parte del gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, hasta el momento no existe una acusación formal contra Harman derivada de esta nueva auditoría. De hecho, una actuación especial de fiscalización realizada por la Contraloría y divulgada en febrero de 2025 concluyó que el equipo liderado por el entonces director había actuado oportunamente al detener algunas adquisiciones y solicitar el acompañamiento de los organismos de control.
Por eso, el alcance de la nueva revisión será determinante. Más que anticipar responsabilidades, la auditoría deberá establecer qué ocurrió con cada proceso cuestionado, quién tomó las decisiones y si hubo actuaciones que eventualmente comprometan recursos públicos.

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