Contraloría cuestiona compra de tierras de ANT por falta de títulos de propiedad

Una auditoría de la Contraloría General de la República puso en la mira la compra de 537 predios realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras establecer que el Estado desembolsó 979.003 millones de pesos pese a que la mayoría de los inmuebles aún no tiene el título de propiedad registrado a nombre de la Nación.

El organismo de control informó que, con corte al 22 de junio de 2026, solo tres predios habían sido escriturados oficialmente. La situación, advirtió, podría derivar en embargos, litigios, reclamaciones de terceros y otros problemas de seguridad jurídica, debido a que el pago de los terrenos se realizó antes de culminar el proceso de formalización registral. También señaló que durante la ejecución del convenio se modificaron condiciones contractuales para priorizar los desembolsos sobre la escrituración.

La ANT rechazó los hallazgos de la auditoría. Su director, Juan Felipe Harman, aseguró que todos los predios cuentan con promesas de compraventa y explicó que la transferencia definitiva depende de etapas técnicas como el saneamiento predial, los avalúos y el registro en los folios de matrícula inmobiliaria. Agregó que cerca de 300 de esos predios ya fueron entregados a familias campesinas como parte de la reforma agraria del Gobierno nacional.

Harman también descartó un eventual detrimento patrimonial. Sostuvo que, en caso de que una decisión judicial obligue a devolver alguno de los inmuebles, el Estado conservaría el derecho a recuperar el valor económico pagado. Además, indicó que más del 70 % de los predios avanza en procesos de avalúo y que la meta es dejar saneada la mayor parte de los bienes antes de finalizar el actual gobierno.

La diferencia de criterios entre la Contraloría y la ANT se suma al debate sobre los resultados de la reforma agraria. Mientras el ente de control insiste en que la ausencia de títulos representa riesgos jurídicos para el Estado, la Agencia sostiene que el proceso de legalización sigue en marcha y defiende los avances alcanzados en la entrega y formalización de tierras.