El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la eliminación de la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos a partir del próximo 1 de junio de 2026, una decisión que se conoció este viernes, a pocas horas de las elecciones presidenciales en Colombia.
De acuerdo con Noboa, la eliminación del gravamen responde a la voluntad de fortalecer la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.
El jefe de Estado ecuatoriano aseguró que los controles implementados durante los últimos meses tuvieron como propósito reforzar la seguridad en las zonas fronterizas y proteger a la población frente a las amenazas derivadas de estructuras criminales.
Además de la eliminación de la tasa comercial, el mandatario señaló que se avanzó en conversaciones para fortalecer los mecanismos de cooperación judicial y facilitar el intercambio comercial entre las dos naciones.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del anuncio tiene que ver con las declaraciones relacionadas con la entrega de delincuentes ecuatorianos que permanezcan de manera irregular en territorio colombiano. Sin embargo, cualquier decisión en esta materia depende de las autoridades judiciales y de los mecanismos legales establecidos entre ambos países.
El encuentro también abordó asuntos energéticos. Noboa afirmó que se sentaron las bases para construir una relación más equilibrada en materia de intercambio de energía eléctrica, con el objetivo de establecer condiciones comerciales favorables para ambas naciones.
“Hemos alcanzado un acuerdo con Abelardo de la Espriella para fortalecer la cooperación en comercio, energía y seguridad, en beneficio de ambos países”, escribió el presidente ecuatoriano en su cuenta de X.
Por su parte, De la Espriella agradeció el gesto del mandatario ecuatoriano y aseguró que, de llegar a la Presidencia de Colombia, impulsará una agenda conjunta con Ecuador en materia de seguridad, comercio y desarrollo regional.
El anuncio se produce en medio de la recta final de la campaña presidencial colombiana y ha generado reacciones debido a que los compromisos planteados corresponden a asuntos que, constitucionalmente, son competencia del Gobierno Nacional y de las autoridades del Estado una vez se encuentren en ejercicio de sus funciones.
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