El proceso de revocatoria contra el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, enfrenta un serio obstáculo jurídico que podría frenar su continuidad.
En este caso, las firmas fueron radicadas el 2 de febrero de 2026, por lo que el plazo legal habría vencido el 23 del mismo mes. Sin embargo, según una respuesta emitida por la Registraduría el pasado 30 de marzo, hasta esa fecha no reposaban en la entidad los libros contables ni los estados financieros del comité promotor de la iniciativa “Villavicencio Digna - Revocatoria Ya”.
La información quedó consignada en la respuesta a un derecho de petición presentado por el ciudadano Wilmer Steven Romero Céspedes, en la que la entidad señaló que “a la fecha no se han presentado ante esta Registraduría libros contables ni estados financieros del comité promotor”, pese a que ya habían transcurrido 56 días desde la entrega de las firmas.
Frente a este escenario, el abogado apoderado del alcalde, Saúl Villar Jiménez, advirtió que el incumplimiento podría comprometer la viabilidad del trámite.
“Si no se presentan esos documentos dentro del término legal, la Registraduría no puede certificar las firmas y el proceso debe darse por terminado y archivarse”, sostuvo.
A esta controversia se suma la invalidación de 51.548 de las 81.810 firmas entregadas, es decir, más del 60 % del total, por inconsistencias relacionadas con duplicidad de datos, registros inexistentes y otras irregularidades.
Además, varias personas habrían radicado denuncias ante la Fiscalía al asegurar que sus nombres y números de identificación aparecen como apoyos válidos, pese a que, según afirman, nunca firmaron ni autorizaron el uso de sus datos personales.
En las acciones judiciales figuran mencionados integrantes del comité promotor, entre ellos Jorge Aristizábal, José del Carmen Acosta, Sara Valeria Cabanzo Ruiz, Álvaro Camilo Velasco Pulido y Miguel Arango Torres.
Los denunciantes consideran que las conductas podrían configurar delitos como fraude procesal, falsedad en documento privado, uso de documento falso y tratamiento ilícito de datos personales.
Por ahora, el caso quedó en manos de la Fiscalía, mientras la continuidad de la revocatoria dependerá del cumplimiento de los requisitos legales pendientes y de la decisión que adopten las autoridades electorales.
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