El partido político MIRA solicitó al Gobierno nacional suspender la entrada en vigencia de las actualizaciones catastrales previstas para 2026, al considerar que el proceso está generando incrementos desproporcionados en el impuesto predial y mayor incertidumbre para los contribuyentes.
Según el pronunciamiento, la actualización, que busca modernizar el inventario oficial de bienes inmuebles, no puede convertirse en una carga excesiva para los ciudadanos ni en un mecanismo que afecte la capacidad económica de los hogares.
“El proceso se ha convertido en un dulce envenenado para las regiones. Al principio parece beneficioso, pero va a terminar rompiendo el bolsillo de los contribuyentes”, señala el documento.
La colectividad sostuvo que en numerosos municipios persisten dudas sobre la forma en que fueron definidos los nuevos avalúos y cuestionó la falta de claridad en los canales para presentar reclamaciones o solicitar cobros proporcionales.
El comunicado también advierte que la situación es especialmente delicada en 1.003 municipios de categorías 5 y 6, que representan cerca del 90 % del país, donde, según MIRA, no existe suficiente acompañamiento técnico para aplicar la herramienta.
De acuerdo con el partido, muchas familias están enfrentando incrementos desbordados en el impuesto predial sin suficiente pedagogía institucional ni mecanismos ágiles para controvertir las liquidaciones.
En ese sentido, pidió al IGAC fortalecer el acompañamiento técnico a los municipios y solicitó a las administraciones locales adoptar medidas inmediatas para proteger a los contribuyentes, entre ellas el aplazamiento del cobro cuando existan inconsistencias atribuibles al proceso de actualización.
Asimismo, recordó que la Ley 1995 de 2019 contempla la posibilidad de pago por cuotas, mecanismo que podría aliviar la carga financiera de los ciudadanos mientras se revisan los avalúos.
MIRA insistió en que el país necesita un catastro moderno, pero bajo criterios de justicia, transparencia y rigor técnico, evitando que la actualización termine trasladando sobrecostos injustificados a los propietarios.
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