La revocatoria del mandato contra el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero Sanabria, superó el umbral exigido tras la verificación de firmas realizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Sin embargo, el informe también revela un dato que abre el debate: más del 60 % de las firmas fueron invalidadas. Entre las principales causas aparecen registros duplicados, datos incompletos, ciudadanos fuera del censo electoral y errores en la información consignada.
Este alto número de inconsistencias ha generado cuestionamientos sobre el rigor del proceso de recolección y ha alimentado versiones sobre posibles intereses políticos detrás de la iniciativa, en un escenario donde sectores de oposición han sido señalados como impulsores.
La verificación estuvo a cargo del grupo técnico de la Registraduría, que avaló el cumplimiento del requisito mínimo exigido, permitiendo que la revocatoria avance a la siguiente fase.
El proceso, que inició en diciembre tras la autorización para recolectar firmas, tuvo un punto clave el pasado 2 de febrero, cuando el comité radicó los formularios ante la entidad electoral. Con la validación oficial, el caso pasa ahora al Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá revisar el procedimiento y emitir un concepto.
De recibir luz verde, se convocaría a las urnas en un plazo máximo de 45 días calendario.
Para que la revocatoria prospere, se requiere que participe al menos el 40 % de los votantes que acudieron a las elecciones en las que fue elegido Baquero, y que la mitad más uno de esos votos respalde su salida del cargo. De cumplirse ese escenario, la gobernadora del Meta deberá designar un alcalde encargado.
Desde el ámbito jurídico, se insiste en que este mecanismo es una herramienta legítima de participación ciudadana, pero su uso exige responsabilidad. La decisión, advierten expertos, debe responder a una evaluación consciente del desempeño del mandatario y no a coyunturas políticas o emociones pasajeras.
Por su parte, el alcalde Alexander Baquero ha sostenido que existe una narrativa impulsada desde la oposición para amplificar inconformidades ciudadanas, especialmente a través de redes sociales.
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