En plena controversia por el decreto de emergencia económica del Gobierno nacional, hoy suspendido por la Corte Constitucional, nuevas denuncias vuelven a tensionar el discurso oficial de austeridad. Esta vez, el foco está puesto sobre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la contratación de millonarios recursos para vuelos chárter y eventos institucionales.
Según la congresista, el 13 de junio de 2025 la Agencia suscribió un contrato con Recio Turismo S.A. para el suministro de tiquetes aéreos de sus funcionarios. Aunque inicialmente el convenio se firmó por $3.024 millones, una adición presupuestal realizada en diciembre elevó el valor total a $4.536 millones.
Valencia aseguró que con cargo a ese contrato no solo se pagaron vuelos comerciales, sino también vuelos chárter por más de $179 millones, incluso en rutas donde existen opciones comerciales mucho más económicas. Como ejemplo, citó un vuelo privado entre Bogotá y Aguachica (Cesar) para nueve personas, que costó $21 millones, pese a que el tiquete comercial para esa misma ruta ronda los $516.000 por pasajero.
Otro caso señalado fue un trayecto Bogotá–Puerto Berrío–Bogotá, utilizado por el director de la ANT, Felipe Harman, y su esquema de seguridad, con un costo cercano a los $26 millones. Para la senadora, ese desplazamiento podría haberse realizado combinando un vuelo comercial hasta Medellín y transporte terrestre, con un valor estimado inferior al millón de pesos.
La congresista también recordó que la Agencia cuenta desde junio de 2025 con un contrato de transporte terrestre nacional, suscrito con el Consorcio S.A.S. 2025, cuyo valor, tras una adición, asciende a $10.951 millones, lo que —a su juicio— hace aún más cuestionable el uso de aeronaves privadas.
A estas denuncias se suma un contrato firmado antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, el pasado 28 de enero, mediante el cual la ANT habría contratado de forma directa al Canal 13 por más de $25.000 millones para la realización de eventos institucionales, sin proceso de licitación pública.
Para Valencia, este tipo de contratos interadministrativos se estarían utilizando como una vía para evadir la competencia del sector privado. “No hay licitación, no hay competencia por precios, todo queda a dedo”, afirmó.
Las denuncias se producen en un momento en el que el Gobierno insiste en que no hay recursos suficientes y plantea ajustes fiscales e incrementos tributarios. Frente a ese panorama, la senadora concluyó que el problema no es solo de ingresos, sino de gasto: “El despilfarro también es corrupción, y así no hay presupuesto que alcance”.
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