El Ministerio de Minas y Energía expidió un nuevo decreto que busca reducir las tarifas de energía eléctrica en todo el país. La medida ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) diseñar mecanismos que obliguen a las empresas generadoras a firmar contratos de largo plazo por al menos el 95% de su producción, con el fin de disminuir la dependencia de las distribuidoras frente al mercado en bolsa, donde los precios son más volátiles.
En ese escenario, un kilovatio puede pagarse hasta por $1.000 en la bolsa, mientras que en un contrato a largo plazo su costo podría ser hasta cinco veces menor, alrededor de $200. Sin embargo, el comportamiento del mercado no siempre es desfavorable: en épocas de lluvias, cuando la oferta energética aumenta, las tarifas en bolsa pueden ser más bajas, lo que algunos agentes aprovechan para reducir costos.
Esa flexibilidad, precisamente, es la que varios expertos temen que se pierda con la nueva disposición, pues aseguran que limitaría la capacidad de las empresas para aprovechar coyunturas favorables en el mercado energético.
Pese a las críticas, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la medida. “Nuestro propósito es claro: la energía en Colombia debe ser más asequible, estable y sostenible. Es un paso más hacia la justicia energética que tanto necesita el país”, afirmó.
La CREG tendrá un plazo máximo de tres meses para definir los mecanismos y expedir las resoluciones que reglamenten la aplicación de este nuevo esquema, que busca transformar la forma en que se negocia y se distribuye la energía eléctrica en Colombia.
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