El primer peaje en protesta fue el de Puente Amarillo, ubicado en el proyecto víal Villavicencio – Yopal a cargo de Covioriente, propiedad de Corficolombiana-Grupo Aval.
Las comunidades exigen el retiro de este peaje por ser abusivo e ilegal como se ha demostrado e incluso, le propusieron a los delegados del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la suspensión del cobro, como han hecho con otros peajes del país, mientras salía la demanda de acción popular o se llegaba a un acuerdo sobre su retiro. Fueron cinco meses de protesta esperando una solución y lo único que encontraron fue represión, debido al PMU firmado el 12 de diciembre por delegados del gobierno nacional, la Gobernación del Meta y otras entidades de orden territorial.
En su orden, siguieron las protestas en los peajes La Libertad, Ocoa e Iracá, todos ubicados en el proyecto Malla Vial del Meta a cargo de la Concesión Vial de los Llanos, propiedad mayoritariamente de Odinsa-Grupo Argos.
Este puede ser, quizás, el contrato de concesión vial más leonino del país. Es tan grande el abuso, que mientras se “resolvía” la demanda que puso la Concesión contra la ANI, está duró más de siete años recaudando en los cinco peajes sin construir ni una sola obra y sorprendentemente, negada la pretensión, le firmaron el otrosí número 10 en contra de los intereses de todo un departamento y en favor del privado.
Además del abuso, la Concesión ha incumplido el contrato desde octubre de 2023 cuando empezó a retrasarse en las pocas obras que debía realizar. Tan grande es el atraso que las obras deberían tener un avance del 67% y llevan menos del 20% según lo ejecutado.
Por todo lo anterior, las comunidades afectadas del Meta exigen la liquidación del contrato la cual debe incluir una compensación económica de la concesión a todo el departamento por los daños y perjuicios causados. Los manifestantes de Ocoa e Iracá duraron cinco meses esperando una solución y al igual que los de Puente Amarillo, lo unico que encontraron fue represión al ser sacados por la fuerza del punto de protesta en el marco del mismo PMU.
Por su parte las comunidades del peaje La Libertad cumplen de forma heroica nueve meses de protesta sin solución por parte de la ANI y el Ministerio de Transporte, ni siquiera les han solucionado la justa exigencia de trasladar el peaje que se encuentra ubicado, prácticamente, en la mitad de un importante centro poblado de Villavicencio.
En ninguno de los espacios de concertación han dado la cara el presidente de la ANI, Francisco Ospina y la ministra de Transporte, María Costanza García. Ese ha sido el trato del gobierno Petro a la justa protesta social contra los peajes del Meta, el mismo trato de los gobiernos anteriores; no escuchan ni solucionan, pero sí presionan a los entes territoriales para que envíen la fuerza pública a las comunidades al tiempo que, amenazan a los manifestantes con cárcel y multas.
#Importante🚨 Comunicado a la opinión pública frente a las situaciones que se han presentado en algunos peajes del país, @mindefensa, @MinInterior y @MinTransporteCo informan: ⬇️ pic.twitter.com/i1yoANEQ0r
— Agencia Nacional de Infraestructura (@ANI_Colombia) September 23, 2024
Como el gobierno nacional, con respaldo del gobierno departamental, han usado la represión en vez de la solución en las protestas pacíficas y culturales contra el abuso de los peajes del Meta, las comunidades siguen protestando y visibilizando la problemática, la cual llegó al Congreso de la República.
Pero ni a los congresistas respetan, porque el 14 de marzo se realizó en Villavicencio una audiencia pública aprobada por la Comisión Séptima del Senado y no asistieron ni la nueva ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ni el nuevo Presidente de la ANI, Oscar Torres; simplemente se limitaron a enviar unos delegados sin poder de solución ni decisión. Lo mismo ocurrió el pasado 24 de abril con el Debate de Control Político a la ministra y al presidente de la ANI, tampoco asistieron y enviaron los mismos delegados. Sean antiguos o nuevos, al parecer, la política oficial es la de no dar la cara y menos soluciones.
Debido al irrespeto, la Comisión Séptima en pleno negó las flojas excusas presentadas y el Senador Fabian Díaz, cercano al gobierno nacional, con el apoyo del representante Gabriel Parrado del partido de gobierno, decidieron citar a la ministra de Transporte a moción de censura, donde deberá estar también el presidente de la ANI. Vamos a ver si por fin dan la cara y entregan al menos una solución de fondo al abuso de las concesiones con los peajes del Meta, porque hasta el momento siguen tratando el territorio llanero como el patio trasero.
Que nadie se sorprenda entonces cuando las comunidades retomen la justa protesta pacífica y cultural en los peajes de Meta, ¡respeten al pueblo llanero!
No hay comentarios
Tu opinión es importante, compártela con nosotros, guardando respeto por los demás y cuidando tu lenguaje