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Investigan detrimento patrimonial durante el gobierno de Wilmar Barbosa

La secretaria de Hacienda de aquel entonces suscribió el contrato investigado por la Contraloría de Villavicencio
El ente de control adelanta varias investigaciones al gobierno de Barbosa Rozo
La Contraloría Municipal de Villavicencio informó del hallazgo de un detrimento patrimonial superior a los 365 millones de pesos en un contrato suscrito en el 2019, durante el gobierno de Wilmar Orlando Barbosa Rozo.

Según el informe de auditoría, a través de la Secretaría de Hacienda, la Alcaldía de Villavicencio suscribió el contrato 1149 de 2019, el cual tenía como objeto principal la 'Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la dirección de impuestos Municipales de la Secretaría Hacienda del Municipio de Villavicencio en los procesos de cobro persuasivo y coactivo de los impuestos'.

De acuerdo con el ente de control, el acta de inicio del polémico contrato tenía fecha del 29 de abril de 2019, pero solo casi dos meses después, es decir el 21 de junio se expidió la apropiación presupuestal con los certificados de disponibilidad y de registro presupuestal, lo que significa un contrato sin cumplimiento de requisitos.

Dentro de los hallazgos hechos por la Contraloría se encuentra que el contrato se celebró con una persona natural que - al momento de la firma - no contaba con la experiencia comprobada en cobro persuasivo y coactivo, cuando en los estudios previos, se exigía capacidad técnica, conocimiento e idoneidad para desarrollar las actividades necesarias en la ejecución del contrato, además de contar con mano de obra calificada.

Diego Meyer Artunduaga, contralor municipal, indicó que dentro de las irregularidades encontradas está el que para la fecha de la firma del contrato, el Municipio tenía vigente el Acuerdo 379 del 1 de abril de 2019, que otorgaba a los contribuyentes que se encontraban en mora en el pago de sus tributos Municipales, descuentos, incentivos o alivios tributarios del 80%, 70%, 60%, 50%, 40% y 30% en los intereses.

Meyer Artunduaga excplicó que la amnistía incentivaba a los contribuyentes morosos, para que por su propia cuenta realizaran realizar el pago para tener derecho a este beneficio, por tanto no ameritaba la celebración del contrato 1149 de 2019.

El hallazgo fue tipificado con alcance disciplinario, penal y fiscal por cuantía de $365.613.018, siendo remitido para apertura de proceso de responsabilidad fiscal, y con copia a las entidades correspondientes para las investigaciones a que haya lugar.

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