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Un juez de Bogotá con función de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a 10 supuestos integrantes de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes a nivel nacional.

El  togado consideró que los procesados representan un peligro para la comunidad, ya que con su accionar violaron las normas de salud pública.

Durante la judicialización, el fiscal antiterrorismo indicó que dentro de la red actuaban como contactos, tres agentes activos de la Policía Nacional, los cuales fueron identificados como, el subintendente Willinton Hernández Piedrahita, presunto líder de la organización; el agente Valentín Naranjo Molina, activo de la Policía Metropolitana de Villavicencio (Meta) y el uniformado Edgar Leonardo Boada Bautista, activo de la Policía en Cúcuta (Norte de Santander).

Los tres uniformados realizaban operativos antidrogas en sus respectivas ciudades y una vez incautados los estupefacientes, los negociaban por su cuenta, indicó el fiscal del caso.

Para lograr la comercialización de la droga, los policiales tenían como enlaces a  los particulares Eison Gámez Ramírez, quien tenía nexos con los frentes 24 y 27 de las FARC; Diana Marcela Bonilla Ortíz, José Edgar Sánchez, Víctor Orlando Hurtado Gutiérrez, Héctor Bonilla Calderón, Jean Gómez Villarreal y Edwin Arsenio Rubio.

Se conoció que la red contaba con la complicidad de los uniformados, luego de establecer que en la ciudad de Cúcuta, durante un retén, la Sijin de la Policía logró la incautación de 194 kilos de cocaína que desaparecieron, y de los cuales solo aparecieron 66 cerca del comando de esa unidad policial.

Por otra parte, la Fiscalía expuso que los integrantes de la red estaban proyectando una estrategia para lograr la fuga de la cárcel de Cómbita (Boyacá), del  cabecilla de finanzas del Frente 27 de las FARC, Huber Vargas Galindo, alias Andrés o Chorizo, capturado en San José del Guaviare.

Por la actuación de los uniformados, el fiscal antiterrorismo les imputó el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico; mientras que a los particulares  les endilgó concierto para delinquir en concurso con rebelión.

Tras un seguimiento de más de 6 meses por parte de las autoridades, se logró establecer la posible responsabilidad de cada uno de los procesados. Los policiales fueron remitidos a la cárcel La Picota y los particulares a la cárcel Modelo, de Bogotá, excepto Diana Marcela Bonilla Ortíz, a quien el juzgador le concedió la detención domiciliaria.

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